Fondo de Infraestructura, con las AFP en Primera Línea

El reciente ranking mundial de competitividad nos acaba de ratificar que la falta de una buena infraestructura es uno de los factores que nos baja puntos en la materia.

Y es lógico que sea así, pues sin adecuadas carreteras, puertos, aeropuertos, líneas férreas, sistemas de generación y distribución eléctrica, sistemas de telecomunicaciones, etc., las cosas se hacen mucho más difíciles para el desarrollo de la actividad productiva, disminuyen las posibilidades de competir adecuadamente frente a países con ventajas en el tema, y se limita el acceso a nuevos mercados. Y eso es intolerable en un país urgido de mejorar sus niveles productivos, disminuir el desempleo, incrementar los salarios de sus trabajadores y, en fin, dignificar el nivel de vida de su población. Si bien hay grandes avances al respecto, todavía queda mucho por hacer: según los últimos datos disponibles, el deficit nacional en infraestructura supera los US$ 38 mil millones.

Para hacer frente a esa situación, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) decidió promover en el 2009 la creación de un fondo capaz de captar importantes recursos y destinarlos al mencionado fin. Así que convocó a un concurso internacional, en el cual fue elegido el consorcio integrado por la agencia especializada norteamericana Brookfield Assets Management y la peruana AC Capitales Sociedad Administradora de Fondos de Inversión (SAFI), perteneciente al Grupo Apoyo.
La entidad norteamericana, que llevará la batuta en el nuevo negocio, administra inversiones a nivel mundial por más de US$ 100 mil millones. En América Latina tiene otros dos fondos similares: uno de US$ 2,800 millones en Chile, constituído en el 2006 y que invierte en el sector eléctrico, y otro de US$ 400 millones en Colombia, constituido en el 2006 y que, al igual que ocurrirá con el peruano, invierte en los diversos campos de la infraestructura.

La flamante creación, denominada Fondo de Infraestructura Brookfield Perú, contará con un capital de US$ 460 millones. Dado que ya cuenta con la autorización de la Superintendencia de Banca y Seguros, se apresta para operar, esperándose que efectúe su primera inversión en el primer trimestre del 2011.

Como no podía ser de otra manera, los principales aportantes a este fondo serán nuestros más grandes inversionistas institucionales: las cuatro Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Como se sabe, estas entidades, que a la fecha ya cuentan con recursos cercanos a US$ 30 mil millones, siempre están a la búsqueda de nuevas oportunidades para colocarlos, por lo que ahora les viene muy bien esta posibilidad de acceder a un rubro de muy atractiva rentabilidad, ya no en el sector financiero, sino en el sector real. Allí esperan invertir US$ 220 millones.
En realidad, las AFP ya venían dando, a través de un fideicomiso creado hace algunos meses, los primeros pasos en tal sentido. En mayo hicieron su primera operación, adquiriendo el 31.5% de los bonos emitidos por el proyecto Huascacocha, que trasvasará agua desde la sierra central hasta la costa. Pero ahora, con el nuevo fondo, su participación como financistas de la infraestructura nacional se hará mucho más institucional  y consistente.

Ahora sí podrán invertir masivamente en infraestructura

Otros aportantes al flamante fondo serán la propia Brookfield (US$ 100 millones), la estatal Corporación Financiera de Desarrollo-COFIDE (US$ 100 millones) y la Corporación Andina de Fomento-CAF (US$ 40 millones).

El plazo de vigencia de la nueva entidad será de doce años, prorrogable por tres adicionales, en tanto que su período de inversiones será de cuatro años. Estas se destinarán a las más diversas obras de infraestructura, ya sea para reforzar el capital de las empresas que las administran, o para participar en las sociedades que se formen para los nuevos proyectos. Su rentabilidad estará dada por los ingresos generados por esa infraestructura. Por ejemplo, si se emplean en una carretera, el fondo se beneficiará del cobro de los correspondientes peajes. Si se dirigen a un proyecto portuario, de generación eléctrica o de abastecimiento de agua, se beneficiará del cobro de las correspondientes tarifas. La decisión acerca de dónde invertir se tomará en base a la rentabilidad de las diferentes alternativas a la mano.

Además de permitir mejorar sustantivamente el fundamental aspecto de la infraestructura, el fondo representará otras múltiples ventajas para el país. Por ejemplo, desahogará al Estado de parte de sus obligaciones de gasto, contribuyendo a aliviar su situación presupuestaria. A las AFP les brindará una nueva opción de inversión, gracias a la cual podrán incrementar la diversificación de su cartera y gozar de flujos de ingresos muy estables en el largo plazo. Sus afiliados no solamente se beneficiarán de la disminución del riesgo que estos dos últimos aspectos supondrán, sino también de la probablemente muy alta rentabilidad de proyectos de gran futuro.