Generando opiniones favorables de quienes piensan que el sector exportador necesita apoyo, y desfavorables de quienes señalan que no se debe establecer privilegios ni distorsiones, el gobierno promulgó el día 13 de los corrientes un decreto supremo que modifica la tasa del que en el léxico del comercio exterior se denomina drawback.
El drawback es un régimen aduanero que permite, en el momento de la exportación de mercancías, obtener la restitución total o parcial de los derechos e impuestos que hayan gravado la importación de dichas mercancías o la de los productos contenidos en las mercancías exportadas o consumidas durante su producción.
Fue creado el año 1995, mediante el Decreto Supremo 104-95-EF, con una tasa de 5%. Catorce años más tarde, en el 2009, ésta fue elevada a 8%, y se mantuvo así hasta mediados del 2010.
Pero luego comenzó a ser rebajada gradualmente, bajo la convicción de que la competitividad exportadora no se consigue mediante ayudas estatales, sino con mayor eficiencia, reducción de costos y mejoras logísticas por parte de los empresarios del sector, así como por un buen entorno macroeconómico, la mejora de la infraestructura, la disminución de las trabas burocráticas, la flexibilización laboral, el mejor aprovechamiento de los tratados de libre comercio, etc.
Así, en julio de dicho año la tasa pasó a 6.5%, luego en enero del 2011 a 5%, en enero del 2015 a 4%, y en enero de este año a 3%.
Y ahora acaba de retornar al 4%, y se mantendrá así hasta fines del año 2018, porque, según el gobierno, el contexto internacional así lo hace necesario. Tras eso, el 1 de enero del 2019 volverá a ser de 3%.
Sin duda, hay ramas exportadoras no tradicionales que vienen enfrentando un año muy duro. Entre ellas se puede mencionar la pesquera, la textil, la metalmecánica y la de minería no metálica, que entre enero y agosto registran caídas de 19.0%, 10.2%, 9.5% y 8.2%, respectivamente. Aún así, la medida resulta cuestionable, no sólo porque el rubro no tradicional ha comenzado a recuperarse (con un crecimiento de 4.5% en términos reales en agosto), sino porque implica destinar recursos fiscales de un país urgido de ellos (cada punto de drawback implica un subsidio de US$ 60 millones) a un determinado sector económico, situación que no se condice con el modelo económico vigente en el país.
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