El 28 de julio, en su mensaje por Fiestas Patrias, el presidente Vizcarra presentó al Congreso cuatro proyectos de reforma constitucional en materias política y judicial, para ser aprobados urgentemente por dicho poder del Estado y luego ser sometidos a referendum.
Estos se refieren a la no reelección de congresistas, la bicameralidad del Congreso (sin incrementar el número de sus integrantes), la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura y el establecimiento de un sistema transparente de financiamiento de los partidos políticos.
Con ellos se busca enfrentar duramente la corrupción enquistada en el poder judicial y otras instancias de la administración pública, y fortalecer la institucionalidad del país, evitando en lo sucesivo situaciones tan escandalosas como las contempladas en los últimos meses a partir de la difusión de numerosos e indignantes audios.
Lamentablemente, cuarenta días después, los legisladores prácticamente no han efectuado ningún avance acerca de las reformas propuestas, poniendo en grave riesgo el cronograma para el referendum, que se prevé llevar a cabo el 8 de diciembre.
En ese marco de cosas, y en vista de tan manifiesta voluntad de dilatar los plazos y sabotear el esfuerzo gubernamental, el primer mandatario se ha visto obligado a asumir una actitud mucho más enérgica, emplazando al referido poder del Estado. En tal sentido, ha decidido convocar, mediante un decreto supremo, a una legislatura extraordinaria, que deberá llevarse a cabo este miércoles 19.
Y como para que no queden dudas de la firmeza de su convocatoria, ha anunciado que la presentación que efectuará ese día el primer ministro sustentando los proyectos será en el marco de una cuestión de confianza. Eso significa que, de no aprobarse las normas planteadas, caerá el gabinete y él estará en capacidad de disolver el congreso y convocar a una nueva elección parlamentaria.
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