Estas se refieren a la conformación y funciones de la Junta Nacional de Justicia (organismo que se creará para reemplazar al Consejo Nacional de la Magistratura), a la regulación del financiamiento de organizaciones políticas, a la prohibición de la reelección inmediata de congresistas y al retorno al sistema bicameral.
Todas estas propuestas ya han sido aprobadas por el Congreso, habiendo quedado listas para ser sometidas al referendum mencionado, y de ser aprobadas en este quedarán consagradas en la Constitución.
Hoy se publicó (ver aquí) el detalle del contenido de dichas leyes.
Por ejemplo, en el caso de la futura Junta Nacional de Justicia se establece que estará conformada por siete miembros titulares seleccionados mediante concurso público de méritos, por un período de cinco años, y que sus funciones son:
1. Nombrar, previo concurso público de méritos y evaluación personal, a los jueces y fiscales de todos los niveles. Dichos nombramientos requieren el voto público y motivado conforme de los dos tercios del número legal de sus miembros.
2. Ratificar, con voto público y motivado, a los jueces y fiscales de todos los niveles cada siete años; y ejecutar conjuntamente con la Academia de la Magistratura la evaluación parcial de desempeño de los jueces y fiscales de todos los niveles cada tres años seis meses. Los no ratificados o destituidos no pueden reingresar al Poder Judicial ni al Ministerio Público.
3. Aplicar la sanción de destitución a los jueces de la Corte Suprema y fiscales supremos; y, de oficio o a solicitud de la Corte Suprema o de la Junta de Fiscales Supremos, respectivamente, a los jueces y fiscales de todas las instancias. En el caso de los jueces supremos y fiscales supremos también será posible la aplicación de amonestación o suspensión de hasta ciento veinte (120) días calendario, aplicando criterios de razonabilidad y proporcionalidad. La resolución final debe ser motivada y con previa audiencia del interesado. Tiene naturaleza de inimpugnable.
4. Registrar, custodiar, mantener actualizado y publicar el Registro de Sanciones Disciplinarias de Jueces y Fiscales.
5. Extender a los jueces y fiscales el título oficial que los acredita.
6. Presentar un informe anual al Pleno del Congreso.
En el tema del financiamiento de las organizaciones políticas, se establece que puede ser público y privado, y que se rige por ley conforme a criterios de transparencia y rendición de cuentas. El financiamiento público promueve la participación y fortalecimiento de las organizaciones políticas bajo criterios de igualdad y proporcionalidad, en tanto que el privado se realiza a través del sistema financiero con las excepciones, topes y restricciones correspondientes. El financiamiento ilegal genera la sanción administrativa, civil y penal respectiva.
Acerca de la difusión de propaganda electoral en medios de comunicación radiales y televisivos, sólo se le autoriza mediante financiamiento público indirecto.
En lo concerniente a los parlamentarios, se establece que no pueden ser reelegidos para un nuevo período de manera inmediata.
Y en lo que atañe al retorno al sistema bicameral, se establece que la Cámara de Senadores estará compuesta de cincuenta parlamentarios y la Cámara de Diputados, de ciento treinta parlamentarios, todos ellos elegidos por un período de cinco años.
Lamentablemente, al aprobar esta última norma, que ha obligado al cambio de numerosos artículos de la Constitución, el Congreso ha introducido modificaciones que en opinión del gobierno desvirtúan la figura de la cuestión de confianza y alteran el equilibrio de poderes, pues se lo restan al Ejecutivo en favor del Legislativo. Este impasse ha llevado al presidente Vizcarra a solicitar a la población que vote a favor de las tres primeras propuestas, pero ya no a favor de la cuarta, pues esta ha quedado desnaturalizada.
No hay comentarios:
Publicar un comentario