En Cuba, acaba de ser promulgada una nueva Constitución Política, que fue aprobada en referendum y reemplaza a la que vio la luz en febrero del año 1976.
Reconociendo el fracaso del sistema económico imperante durante ya casi sesenta años, esta elimina el término comunismo e incorpora varios criterios acordes con la racionalidad económica y el sentido común en el afán de corregir las claras deficiencias previas.
En tal sentido, consagra las diversas tímidas reformas decretadas por Raúl Castro en la última década, reconoce la propiedad privada sobre determinados medios de producción y autoriza la inversión extranjera.
En cambio, deja sin cambio el erróneo sistema de economía planificada, regulada, dirigida y controlada por el Estado. A tal efecto, mantiene a la empresa estatal como la principal productora de bienes y servicios.
Es decir, en el tema abre pequeños espacios, pero insiste con un sistema económico alejado del mercado y de las señales que este emite y que permiten una eficiente asignación de recursos.
En materia social, el documento establece una reforma importante, al redefinir al matrimonio como "la unión entre dos personas”, lo que abre las puertas a la legalización de la unión igualitaria.
Lamentablemente, deja sin cambios el "carácter socialista del sistema político y social", que continuará bajo el mando del Partido Comunista, como fuerza dirigente superior y la única autorizada a operar. Es decir, el ambiente de casi nulas libertades políticas que ha caracterizado desde siempre a la dictadura se mantiene.
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