Además, con esta se busca destruir el exitoso modelo económico de libertades y apertura al mundo, que ha permitido al Perú crecer fuertemente (y recuperarse más rápido que la mayoría de los demás países luego de la pandemia), reducir la pobreza y extrema pobreza, ampliar su clase media y forjarse un horizonte mucho más alentador.
Se insiste con la absurda idea pese a que la gran mayoría de la población discrepa de ella. Así lo demostraron las votaciones en la primera vuelta de la elección presidencial y aquella para elegir a los miembros del Congreso, y así lo están ratificando los más recientes sondeos. La población no desea iniciativas de ese tipo, que solo generan zozobra y espantan las inversiones. Lo que desea es intensificar el combate a la pandemia y mejorar el proceso de vacunación, restablecer la normalidad en la educación y dotarla de mayores recursos, acelerar la recuperación económica (que ya viene ocurriendo a excelente ritmo), luchar mucho más a fondo contra la corrupción (tema en el cual el partido de gobierno afronta graves acusaciones), combatir mejor a la delincuencia común, etc.
Cualquier eventual modificación a la actual excelente Constitución debe ser únicamente parcial, y solo en los puntos específicos donde lo requiera. Y debe hacerse por la vía del Congreso (que es la verdadera representación del pueblo) y tras un sereno debate democrático. De ninguna manera debe plantearse una ilegal e inconstitucional Asamblea Constituyente, mecanismo a través del cual la izquierda radical suele buscar imponer su fracasada propuesta ultra estatista y totalitaria.
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