En su discurso el mencionado personaje intentó defenderse. Pero nada de lo que dijo es cierto. La denuncia no es inconsistente, inconstitucional ni ilegal, sino muy sólida, basada en múltiples indicios y testimonios de personas que trabajaron en su círculo más cercano.
No hay ninguna exhortación de la Fiscalía al Congreso, ni concertación ni complot. La entidad simplemente ha dado a conocer sus conclusiones tras haber analizado los innumerables casos delictivos investigados y ha hecho conocer tal cosa al Legislativo, precisando que según sus indagaciones Castillo es el jefe de la organización criminal.
La denuncia no es antidemocrática, ni constituye ningún intento de golpe de estado ni de persecución política, ni de quebrantamiento del orden constitucional. Es simplemente la respuesta de la ley ante incontables actos de corrupción, que ahora cínicamente se pretende negar, recurriendo, como siempre, a la victimización.
Castillo tiene que ser destituido. No por su ideología, origen o raza, sino por estar perpetrando, una y otra vez, junto con todos los miembros de la organización que ha montado, descarados actos de corrupción.
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