El presidente se ha puesto en una situación tal que ya no tiene más opción que declarar ante la comisión del congreso que investiga su probable participación en el caso de corrupción de Lava Jato.
Quedó atrás la posibilidad de invocar prerrogativas especiales para hacer sus descargos. Sus sucesivas declaraciones ante diversas instancias y medios han sido tan ambiguas y poco claras que sólo han contribuido a generar más dudas de las que ya se tenía, y ahora, con extrema urgencia, y en una circunstancia que su gobierno se ha colocado en grave riesgo de caer, está obligado a responder, quiera o no.
Es lamentable que el país haya llegado a un nuevo e innecesario estado de incertidumbre, que le hace daño a su devenir político y económico, y que a estas alturas ya nadie sabe cómo terminará.
El presidente tiene que responder de una manera seria y precisa, acorde con la extrema gravedad de las imputaciones. Debe absolver, sin dejar el menor margen de duda, todas las preguntas que se le formulen, especialmente las más incómodas. Sólo así se podrá determinar si su mandato tiene posibilidad de seguir adelante o si se deberá pensar en alguna salida alternativa.
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