sábado, 10 de septiembre de 2022

Las Innumerables Razones para la Vacancia

En el Congreso está a punto de ser presentada esta Moción de Orden del Día planteando la vacancia, por incapacidad moral, de Pedro Castillo.

Luego de haber llevado a cabo en 71 páginas un larguísimo recuento de los innumerables actos irregulares perpetrados por el mencionado individuo, el documento concluye señalando lo siguiente:

"Que según los fundamentos de hecho y derecho aquí expuestos, consideramos que se configura la causal de permanente incapacidad moral en el caso del Presidente Pedro Castillo.
Así, la aplicación de la vacancia presidencial por esta causal resulta no sólo legítima desde el punto de vista de las competencias y funciones constitucionales que ejerce el Congreso, si no necesaria, habida cuenta de los graves indicios de corrupción en torno a su gobierno, y de la influencia negativa, cada vez más creciente, que ejerce sobre la vida política y social del Perú.

Que es moralmente inadmisible que el Presidente de la República esté involucrado en actos de corrupción y que no ofrezca respuestas oportunas a los graves cuestionamientos que se levantan en su contra. En los últimos meses, se han planteado diversas denuncias en contra del Presidente y su entorno más cercano, y éste no ha tenido la valentía ni la decencia de enfrentarlas, rehusándose más bien a dar entrevistas e insistiendo en atacar a los medios de prensa en eventos públicos como los denominados consejos descentralizados. Estas denuncias tienen que ver con presuntos delitos de corrupción pero también con actos de encubrimiento personal y de obstrucción a la justicia que, al margen de la valoración que de las mismas realicen las autoridades jurisdiccionales, ponen en cuestión la idoneidad de quien personifica a la Nación.

Que en esa misma línea, las decisiones erráticas del gobierno han ahondado la crisis económica y social que atraviesa el Perú. Esta, si bien se da en medio de una coyuntura internacional sin precedentes, se ha agravado a causa de la inestabilidad, el desorden y la permanente tensión política a la que nos expone el Poder Ejecutivo. Como prueba de ello, basta mencionar que desde que asumió el poder, el Presidente Pedro Castillo, ha designado 68 ministros en poco más de un año de gobierno, número que da cuenta de una gestión caótica que atenta contra el interés público al prescindir de cuadros técnicos idóneos y copar las instituciones del Estado con funcionarios incompetentes escogidos del entorno más cercano del Presidente y sus ministros. Tales prácticas son incompatibles con la implementación de políticas públicas serias, eficientes y confiables. En particular, la alta rotación de puestos de alta dirección, 1) deteriora el funcionamiento del Estado, 2) dificulta la ejecución adecuada de políticas públicas a favor de la ciudadanía y 3) evita que se pueda desarrollar un adecuado control político de los actos del Ejecutivo, pues las acciones de invitación a comisiones de ministros y viceministros, el seguimiento de reuniones de trabajo, la interpelación de ministros, etc. pasan virtualmente a "fojas cero" cada vez que se cambia a un ministro.

Que en la presente moción, defendemos la tesis de que la vacancia del Presidente Pedro Castillo por la causal de permanente incapacidad moral no se configura solamente por hechos aislados a ser investigados por el Ministerio Público y sentenciados por el Poder Judicial, si no por una clara sumatoria de hechos contrarios a la decencia, al Estado de Derecho y a la gobernabilidad, que dan cuenta de su incompatibilidad con el cargo y de la inviabilidad del gobierno bajo su mando. Son hechos que, vistos en perspectiva, se suceden en el tiempo y revelan un cuadro demoledor de corrupción, secretismo, ineptitud, y desprecio por la ética pública. No tomarlos en cuenta o valorarlos de forma individual sin considerar el contexto en el que surgieron, o sin advertir que responden a un patrón a estas alturas bastante evidente, es negar el sentido interpretativo que precisamente nos corresponde atribuir a esta figura político-constitucional.

Que la permanente incapacidad moral del Presidente Pedro Castillo tiene implicancias graves en lo que respecta a los derechos fundamentales de los ciudadanos, contemplados en la Constitución Política del Perú, en tanto incluyen el encubrimiento de la corrupción, la falta de competencia de los ministros en los distintos gabinetes, la deliberada degradación de las instituciones, el permanente mensaje divisionista, las políticas de intimidación y de recorte de las libertades de los ciudadanos a través del uso arbitrario de los estados de emergencia, entre otras condenables actitudes adoptadas por el mandatario.

Que la agudización de los conflictos sociales, el aumento de la inseguridad ciudadana y la degradación de la confianza en el sistema democrático traen como consecuencia el desincentivo a la inversión y a la generación de empleo y, como consecuencia, limita la creación de y el consiguiente acceso a oportunidades por parte de los peruanos.

Que somos conscientes del impacto político de la vacancia del Presidente pero también de que es una condición necesaria para empezar a superar la actual crisis de gobernabilidad que vive el país. Conscientes de la gravedad de esta decisión y sopesando las razones aquí expuestas, consideramos que sería irresponsable mantener en tan alto cargo a quien deshonra sus compromisos constitucionales y obligaciones éticas, degrada la función pública, e instrumentaliza las instituciones democráticas para ocultar sus delitos.

Que en estas horas difíciles para la Patria, corresponde que el Congreso asuma con firmeza su responsabilidad histórica y, en aplicación estricta de la Constitución, opte por la vacancia del Presidente Pedro Castillo. De esta manera, habrá dado el primer paso hacia la solución de la encrucijada política que atravesamos, y le dará a los peruanos y peruanas la certeza de que así como en democracia el resultado electoral es sagrado, la permanencia en el cargo de quienes elegimos depende de que estos actúen en armonía con la moral, la Constitución y las leyes, y en defensa irrestricta del interés público y el bien común."

Son argumentos demoledores e innegables, que en cualquier país medianamente civilizado habrían significado echar del poder, hace mucho tiempo, al perpetrador de los hechos. Si aquí no producen ese efecto es simplemente porque, por corrupción o inconsecuencia, no se llega en el Congreso a los 87 votos requeridos. Probablemente eso vuelva a ocurrir ahora, pero la moción por lo menos habrá servido para recordarle al país, con lujo de detalles, cuál es la catadura moral de quien hoy está en el poder, y el grado de complicidad de quienes, aún conociendo de sobra ese vergonzoso hecho, se niegan a echarlo de allí.

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