Como tenía que ser, a la luz de los abundantes hallazgos periodísticos y de las investigaciones de la Fiscalía de la Nación: se acerca el fin de Pedro Castillo en el cargo.
Hoy la fiscal Patricia Benavides informó que la entidad que dirige ha hallado "muy graves y reveladores indicios de la existencia de una presunta organización criminal enquistada en el gobierno con la finalidad de copar, controlar y direccionar los procesos de contrataciones en los diferentes estamentos del Estado para obtener ganancias ilícitas, organización presuntamente liderada por el presidente de la república Castillo Terrones, e integrada, entre otros, por los ex ministros Silva, Alvarado y el ex gerente general de Petroperú Hugo Chávez."
"Los indicios hallados constituyen para el Ministerio Público una sospecha fundada de la comisión de los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión en los casos denominados Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Puente Tarata, Petroperú y Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento."
"La suficiencia de los indicios que sustentan la decisión de presentar la denuncia constitucional se expresa en el descubrimiento de la obtención de beneficios económicos por nombramientos en puestos claves, en el cobro de porcentajes de las licitaciones ilícitamente obtenidas y el uso ilícito de las facultades presidenciales."
"Ahora mismo se vive la constante y feroz obstrucción a la justicia desplegada por la presunta oeganización criminal, que aprovechándose de todo el poder que le da el estar en el gobierno y que se expresa en una constante amenaza contra la autonomía del Ministerio Público, el permanente amedrentamiento contra mi persona y mi familia, la hostilización contra el equipo especial de fiscales y la policía nacional, entre otros actos, ponen en grave peligro la continuidad de las investigaciones y el descubrimiento de la verdad que todo el pueblo espera conocer."
"Por esas razones, en cumplimiento de mis atribuciones constitucionales, hoy presentamos ante el Congreso de la República la denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo Terrones y los demás integrantes aforados de la presunta organización criminal."
""Desde este momento es responsabilidad exclusiva y excluyente del Congreso de la República decidir sobre el trámite de la denuncia constitucional, en el marco de la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción."
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