Su análisis se puede resumir en la frase: "Año decepcionante". Este comenzó con recuperación, pero una precaria, que dependía de factores temporales (reapertura tras la pandemia y efectos estadísticos) o ajenos a nosotros (precios de las materias primas espectacularmente altos).
Era necesario reconstruir la confianza, para demostrar que la economía tenía capacidades propias para volver a brillar. Pero el gobierno más bien se dedicó a generar desde el inicio expectativas negativas e incertidumbre con sus malos planes, la composición y constante cambio de sus gabinetes y las medidas que fue anunciando.
Según Segura, los gabinetes de este gobierno carecen de preparación y experiencia, son incompetentes y tienen serios cuestionamientos. Además, Castillo no escucha al ministro de Economía, y por eso está promulgando normas (tanto propias como del Congreso) sumamente destructivas y distorsionantes en lo económico, que solo buscan rédito político. El decreto supremo recientemente promulgado acerca de las relaciones colectivas de trabajo (que regula la sindicalización, la negociación colectiva y las huelgas) es una clara muestra de ello, pues desalentará la inversión privada.
El contexto externo generó un efecto negativo con la alta inflación importada, pero a la vez uno muy positivo con los precios récord de nuestras exportaciones. El gobierno no es culpable por lo primero (pero sí por no haber enfrentado adecuadamente esa inflación). Y claramente es culpable por no haber aprovechado lo segundo. Y ahora la situación se le está complicando aún más, pues los indicadores económicos se están debilitando y los precios externos están cayendo.
En todos los momentos anteriores de auge de nuestras exportaciones la inversión privada y la economía peruana habían volado. Pero esta vez no ha ocurrido así. Ha habido una disociación, pues lamentablemente los altos precios han sido acompañados de una desaceleración de la inversión privada, que va camino a caer este año. Eso es culpa exclusiva del gobierno de Castillo, y está enfriando la economía, impidiendo que se generen los puestos de trabajo que debieron haberse generado y provocando que la pobreza vuelva a aumentar, después de haber disminuido el año pasado. Y dado que el proceso tarda un tiempo en manifestarse plenamente, se notará más el próximo año.
Cuando se inició este gobierno, el mercado laboral no se había terminado de recuperar de los efectos de la pandemia. Con el impulso externo tan fuerte eso debió haber ocurrido en el transcurso del último año. Pero no fue así, y por eso hoy se tiene a este mercado aún sin recuperarse del todo, pero con un panorama externo y macroeconómico mucho menos alentador. Y con el agravante de haberse vuelto mucho más informal (pues la pandemia destruyó mucho empleo formal) y tener ingresos nominales significativamente más bajos, que para colmo de males están siendo corroídos por una gran inflación, dejando como saldo ingresos reales (capacidad adquisitiva) considerablemente menores. Ese mercado, ya de por sí débil, está siendo debilitado aún más por las normas del gobierno, que impiden la tercerización, regulan las relaciones colectivas, elevan arbitrariamente la remuneración mínima vital (afectando especialmente a las MYPES), etc.
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