A la vez, abre la vía para que vuelvan a la mesa de análisis las diversas propuestas que tiene en evaluación el Ejecutivo, que buscan mejorar la situación de los pensionistas del sector público, pero en el marco de un planteamiento serio, que no ponga en riesgo los delicados equilibrios presupuestales y macroeconómicos.
A ese tema se refirió hoy, mediante algunos mensajes publicados en Twitter, el ministro de Economía Waldo Mendoza.
En tal sentido, dijo que el Ejecutivo está retomando la propuesta presentada anteriormente. Si no nos equivocamos, se refiere a la que estaba dando a conocer, allá por el mes de agosto del año pasado, la anterior titular del MEF, María Antonieta Alva.
Como se puede ver en este vídeo de esa fecha (en el que se quejaba de las demagógicas medidas del Congreso) ella afirmaba que lo que se requería era una reforma integral del sistema de pensiones, priorizando el objetivo de que más personas accedan a ellas, porque son vitalicias, protegen a las familias y permiten lograr cobertura de salud.
Esa reforma requerirá, decía, un alto nivel de consenso en la sociedad, para que perdure en el tiempo y no esté sujeta a cambios constantes que generen desequilibrios. Y también porque implicará un gran esfuerzo fiscal, que obligará a hacer reasignaciones del presupuesto público o considerar un incremento en la presión tributaria.
Su propuesta buscaba establecer tres pilares de pensiones. En el Pilar 0 las pensiones serían otorgadas sin necesidad de contribuciones, a las personas de extrema pobreza y otras altamente vulnerables. En el Pilar 1 las contribuciones serían obligatorias, y de un nivel que garantizaran una pensión mínima y servicios como el seguro de invalidez. En el Pilar 2, donde las contribuciones también serían obligatorias, estarían las personas que ya habrían completado el ahorro suficiente para acceder a una pensión mínima y podrían acceder a una mayor.
El objetivo era que tanto el Pilar 1 como el 2 operaran mediante cuentas individuales de capitalización, y ya no mediante el actual sistema de reparto. Y en el Pilar 2 se podría evaluar una AFP pública.
Además, planteaba facilidades extras, como la de que ya no fuera indispensable registrar veinte años de aportes para tener derecho a una pensión, y sugería que ello fuera posible a partir de los diez años.
Pasada la tormenta de la demagogia congresal en el tema, sería excelente retomar una propuesta como la descrita, diseñada por quienes sí están autorizados por la Constitución para manejar los recursos públicos y que además están conscientes de la insoslayable necesidad de mantener cuentas fiscales ordenadas.
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