domingo, 14 de octubre de 2007

Repartirán directamente el Canon

Como se sabe, el gobierno aplica un impuesto a la renta de 30% a las empresas que explotan las minas, yacimientos petroleros y gasíferos. De ese impuesto, la mitad se destina a la región de donde se extrae el recurso, distribuyéndose el dinero entre el gobierno regional, y las municipalidades provinciales y distritales.


Por esta vía, varias circunscripciones vienen recibiendo cuantiosas sumas, que les están permitiendo llevar a cabo importantes obras en beneficio de sus pobladores. Casos concretos son Cajamarca, Cusco e Iquitos, entre otras.

Sin embargo, en algunas localidades los recursos no han sido utilizados, debido a la falta de proyectos, o han sido empleados ineficientemente, en la construcción de monumentos absurdos y otras obras de nula rentabilidad social y económica.
Como producto de esta situación, en la que no perciben los beneficios de la explotación de sus recursos, muchas poblaciones han comenzado a mostrar resistencia a las nuevas inversiones, impidiendo que se pongan en marcha otros proyectos, varios de ellos multimillonarios, sobre todo en la minería. Dicho rechazo ha sido exacerbado por grupos radicalmente contrarios a esta actividad, culpándola (en la mayoría de casos injustamente) de contaminar las zonas donde opera, y perjudicar a la agricultura.



Dado que el país no puede darse el lujo de desechar proyectos que le generarían miles de millones de dólares de ingresos, el gobierno ha optado por una solución sui generis: entregar el 35% del recurso que correspondía a las circunscripciones donde se explota el recurso, directamente a sus pobladores, en efectivo y por medio de un pago anual de hasta 6 mil nuevos soles.

La iniciativa no ha tardado en generar opiniones encontradas. Para algunos constituye una forma rápida y expeditiva de redistribuir recursos (no se debe olvidar que en muchos casos se trata de las zonas más pobres del país), así como una salida inteligente para destrabar el vital proceso de inversiones, pues de esa manera se aseguraría una actitud mucho más receptiva de parte de esas poblaciones.
Para otros, en cambio, se trata de un acto demagógico, y una forma irresponsable de asignar los recursos, que además desvirtúa los fines del canon, que de ser una herramienta en pro de la inversión productiva y el desarrollo, podría convertirse en una de consumismo y despilfarro.

¿Usted qué opina?



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