También secundamos su respaldo al mecanismo de obras por impuestos (OxI), que ha permitido hacer mucho más rápido el procedimiento por el cual las obligaciones tributarias se convierten en obras que favorecen a la comunidad.
Pero concordamos en especial con su defensa de las APP, que, dice, "no son solo una opción viable y efectiva, sino una realidad que supera las barreras del tiempo. El reto es gigante, pero alcanzable, dado que la brecha de infraestructura a corto plazo es de US$ 40 mil millones. A este ritmo, PROINVERSIÓN podría cerrarla en menos de cinco años. Para lograrlo, a la agencia le basta la decisión política de confiarle el desarrollo de todos los grandes proyectos de infraestructura, sin presionar la caja fiscal ni someterse al endeudamiento."
La meta de cerrar en cinco años una brecha de infraestructura luce impresionante, pero no es imposible. Es que nuestro país ya ha dado pasos en tal sentido en varios campos, en los que el mecanismo ha permitido construir infraestructura como nunca antes, y sin afectar en absoluto las finanzas públicas, que se mantienen sanas y sólidas.
Y lógicamente compartimos su desconfianza hacia la obra pública, y a la tendencia que se está viendo en los últimos gobiernos a apostar por los convenios de gobierno a gobierno.
Nosotros pensamos que ninguno de esos dos esquemas ofrece las enormes ventajas de las APP, que no solo implican masivo financiamiento privado, sino que, al involucrar directamente en el negocio a los inversionistas, los llevan a una continua mejora de sus prestaciones. La Línea 2 del Metro de Lima y Callao, la excusa a la que algunos recurren para intentar desprestigiar el esquema, no se retrasó por fallas de este, sino por la escandalosa demora del estado en cumplir su parte del contrato de concesión. Si lo hubiera hecho, la línea ya estaría totalmente operativa desde hace más de un año, y hoy se estaría construyendo la 3 y completando la 4, que también habrían podido estar caminando perfectamente bajo la misma modalidad.
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