Hay coincidencia en que existen esos y otros problemas, y en que hay que buscar superarlos. Pero no se debe hacer eso con subsidios, proteccionismos, tratos privilegiados, rentabilidades artificiales, regímenes especiales, discriminaciones a la inversión extranjera ni nada en esa línea. Nada que implique una reedición de lo que se hizo entre fines de los años 60 y fines de los 80, y que demostró, con la gigantesca crisis que le provocó al país, ser un tremendo fracaso.
Todo intento de fomentar la actividad manufacturera nacional y elevar su competitividad debe hacerse en el sano marco de las libertades y la apertura instauradas desde 1990. No con más Estado sino con más empresa privada, no subiendo impuestos sino bajándolos, no con multiplicidad de normas sino con la menor cantidad posible, no complicando procedimientos administrativos sino simplificándolos, no poniendo trabas a los esquemas de financiamiento existentes sino facilitando la competencia, no construyendo infraestructura con inversión pública sino con inversión privada canalizada mediante concesiones, etc. No con tipos de cambio, tasas de interés ni tasas tributarias preferenciales, ni con alza de aranceles ni restricciones a la importación, ni con legislaciones laborales absurdas.
La política industrial debe ser sectorialmente neutra, reconociendo que el sector es muy importante, pero no más que la minería, la actividad agropecuaria, el comercio, la construcción, ni los servicios (turismo, finanzas, educación y otros). Recordando que al Perú y a su población les ha ido mucho mejor durante las décadas en las cuales la industria se ha visto obligada a competir que en aquellas en las que se le llenó de privilegios. La propia actividad puede dar fe de ello, pues hoy es mucho más fuerte y competitiva de lo que fue en esas aciagas épocas.
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