Lamentablemente, esa lista de buenas intenciones, que en gobiernos como los que hemos tenido en los últimos treinta años habría bastado para lograr el objetivo de atraer la fundamental e indispensable inversión privada, no basta con un gobierno como el actual, que no deja de insistir con el inmenso despropósito de pretender cambiar la actual Constitución, para implantar una a la medida de la trasnochada y fracasada ideología de extrema izquierda de sus principales dirigentes.
La inversión privada no llegará, o llegará en cantidades absolutamente insuficientes, mientras no se archive total y definitivamente esa absurda propuesta. La Constitución actual, que permitió que el Perú fuera en las tres últimas décadas uno de los países latinoamericanos que más crecieron, más redujeron la pobreza, más ampliaron su clase media y más rápido se están recuperando tras la pandemia, no debe ser cambiada. No solo porque sería ilegal, sino porque sería suicida.
La inversión solo llegará si se mantiene esa carta magna, pues es la que asegura que el Perú continuará teniendo un modelo económico de libertades y de apertura al mundo, de estabilidad macroeconómica, protagonismo del sector privado, estabilidad jurídica, igualdad de condiciones para la inversión extranjera frente a la peruana, respeto a los contratos y otras condiciones actualmente vigentes que han demostrado sobradamente su importancia.
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