Lamentablemente, la profunda crisis económica padecida por el país entre dicha década y la que le siguió impidió el buen funcionamiento del plan, pues sólo pudieron ejecutarse algunos programas de vivienda, que beneficiaron a muy pocos de los centenares de miles de aportantes.
La gran mayoría de ellos vio con frustración cómo, pese a sus prolongadas y cuantiosas contribuciones, el sueño de la casa propia se esfumó. Y lo peor es que dichos recursos, que deberían haberles servido para disfrutar de tan ansiado patrimonio, quedaron virtualmente entrampados en las cuentas de un Estado que, a raíz de la referida crisis, había quedado en total incapacidad de devolvérselos.
Afortunadamente, el buen manejo de las dos últimas décadas fue permitiendo poner orden en las finanzas públicas, y comenzar a atender reclamos tan justos como el aquí comentado. Ello fue apuntalado en los últimos años por una ley que obliga al pago: la N° 29625, “Ley de devolución de dinero del FONAVI a los trabajadores que contribuyeron al mismo”. La norma, aprobada mediante un referendum, fue promulgada en diciembre del 2010. y reglamentada poco después.
Aún quedan pendientes otras deudas del ámbito interno, la más conocida y cuantiosa de las cuales es la derivada de la ejecución de la Reforma Agraria en los años 70. En ella, el Estado expropió decenas de miles de hectáreas de tierras en la costa y sierra, entregando como pago a sus propietarios únicamente bonos, instrumentos que hasta hoy no son honrados (aunque felizmente ya hay en marcha un proceso para hacerlo).
Fotos: Andina
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