Una Posición Ciertamente Atendible

En condiciones normales no resulta deseable plantear propuestas de este tipo, que alteran las fechas, plazos y cronogramas establecidos.


Sin embargo, en circunstancias como la actual, en que el sectarismo y la mezquindad han cerrado todas las puertas a determinadas medidas y políticas que el país requiere con urgencia para intentar solucionar varios de sus principales problemas, no parece quedar otra opción.

Ocurre que el Perú está embarcado desde hace más de un año en una dura y decisiva batalla contra uno de sus flagelos más graves y más endémicos: la corrupción. Para ello está intentando establecer una legislación y un marco constitucional que permitan avanzar hacia una más elevada institucionalidad y asegurar un mayor nivel ético por parte de sus políticos y demás dirigentes, consciente de que son formas de luchar contra el referido problema, que afecta la gobernabilidad del país y su sano y buen desempeño social, político y económico.

Pero la mayoría opositora en el Congreso, con una muy reprobable disposición a mediatizar y desvirtuar las reformas planteadas, así como a blindar a importantes personajes públicos seriamente cuestionados o inclusive requeridos por la justicia, se ha convertido en el principal impedimento para que haya avances en el tema.

Así las cosas, y teniendo en cuenta que esa nefasta actitud no tiene visos de cambiar en lo que resta de los períodos presidencial y legislativo, el gobierno ha planteado adelantar las elecciones generales, para que ya no se realicen en el previsto año 2021, sino en el 2020.

El país, en el proceso de consolidación de su joven democracia, debería haber tenido un tranquilo discurrir del actual período gubernamental en los plazos y condiciones previstas. Lamentablemente, la condenable actitud de una mayoría que desde el primer momento, y en defensa de intereses bastante oscuros, se mostró confrontacional e intransigente, no parece dejar otro camino que el ahora planteado por el gobierno.