La grave crisis política vivida por el país desde la segunda mitad del año pasado a raíz de los escándalos de corrupción de Odebrecht y Lava Jato había generado gran inquietud entre los agentes económicos.
Y es que se temía que dichos asuntos, en los que habían resultado involucrados numerosos funcionarios gubernamentales (entre ellos el entonces presidente Kuczysnki), y que ya habían ralentizado la ejecución de importantísimos proyectos y con ello desacelerado toda la economía, también terminaran afectando diversas variables claves, entre ellas la vital calificación crediticia.
Así las cosas, muchos preveían que este indicador fundamental, que evalúa la capacidad de pago de la deuda de los países en base al análisis de múltiples indicadores, bajara del rating BBB+ (tercer escalón al interior del grado de inversión) asignado por las agencias Standard and Poor's (S&P) y Fitch, o del A3 (cuarto escalón en el grado de inversión) asignado por Moody's, a uno menor.
Y hubiera sido una real pena que, luego de tanto esfuerzo por mejorar dicho indicador, decisivo para obtener financiamiento internacional en las mejores condiciones, este terminara degradado por un hecho político tan desagradable y totalmente ajeno al ámbito económico.
Felizmente, la forma de resolverse el asunto, con un cambio de gobierno que no generó turbulencias políticas ni implicó mayor variación del rumbo, fue bien visto por las agencias.
Por si fuera poco, la economía ha confirmado que, además de haberse estabilizado (como lo demuestra la bajísima inflación anual) se halla en un sólido proceso de reactivación (corroborado por el gran dato de crecimiento del PBI que el INEI presentó anteayer). Y ello, al garantizar un ambiente macroeconómico propicio para el consumo y la inversión, que hacen prever una mayor recaudación fiscal y una mayor solvencia del Estado para hacer frente a sus obligaciones, ha terminado de convencer a dichas entidades de que la situación económica peruana ha dejado de ser inquietante y se ha normalizado.
Al menos, así lo ha considerado S&P, que anteayer decidió mantener la calificación peruana, tanto en lo que respecta al rating principal, BBB+ (tercer escalón dentro del grado de inversión) como a la perspectiva, que sigue siendo Estable.
El comunicado de la agencia menciona que el nuevo gobierno se encontró con un marco político complicado, derivado de los escándalos de corrupción, que frenaron la ejecución de varios proyectos de infraestructura. Frente a ello, el reto era acelerar el crecimiento mediante el incremento de la inversión pública y privada.
Pero a la vez existía una trayectoria de prudentes políticas fiscales y monetarias, que ha contribuido a tener déficits gubernamentales limitados, una baja inflación y una baja carga de la deuda pública.
Todo ello, y sin duda también el gran dato de abril, que confirma una notoria reactivación, la motivaron a sostener su calificación.
Ojalá las otras dos agencias tengan la misma percepción, pues ello demostraría que el país capeó exitosamente, por lo menos en este aspecto de la economía, el referido temporal político, y podría merecer, más bien, próximas mejoras de su rating. Fitch ya había mantenido la calificación en septiembre del año pasado, respaldando a nuestro país cuando la crisis se hallaba en una fase inicial y no daba indicios de que podría terminar como lo hizo, con la caída del presidente. Sería bienvenida una ratificación en tal sentido ahora, luego de haberse superado la etapa más complicada de la referida circunstancia.
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