Para enfrentar una situación tan preocupante, la norma también creó la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU), para que, entre otras funciones, sometiera a todas las universidades del país a una rigurosa evaluación, otorgara la licencia a las que cumplieran las normas mínimas de calidad establecidas, y decretara el cese de operaciones de las que no lo hicieran.
El proceso ha estado caminando sostenidamente, y como resultado de él 53 de las 142 universidades del país ya han sido licenciadas, la mayoría por seis años, algunas por ocho y las más destacadas por diez.
Y hoy comenzó a concretarse la otra parte del proceso: del cierre de las instituciones que no ameritan seguir gozando del status universitario.
Lógicamente, la norma también contempla la situación de los estudiantes, para que se perjudiquen lo menos posible.
Esperamos que el proceso continúe de forma estricta, para que muchas otras, que nunca debieron haber recibido la autorización, sigan el mismo camino. Las universidades creadas con el mero afán de enriquecer a sus propietarios (a costa de estafar a sus alumnos con una educación de ínfima calidad) o de encumbrarlos políticamente (en un proceso que es uno de los causantes de la degradación de la política general del país) deben quedar completamente desactivadas.
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