En efecto, la de Lima Metropolitana (la más empleada como elemento de evaluación) llegó a una muy preocupante tasa anual de 4.40%. Con ello, superó ampliamente la establecida en el rango meta, que contempla un nivel inflacionario mínimo de 1% (pues tampoco es saludable tener una inflación nula) y uno máximo de 3%.
Prácticamente todo el 2015 la tasa anual estuvo fuera del rango, pero en agosto avanzó un punto más, llegando a 4.04%, en noviembre lo hizo hasta 4.17% y en diciembre acaba de trepar al considerable nivel señalado líneas arriba.
Prácticamente todo el 2015 la tasa anual estuvo fuera del rango, pero en agosto avanzó un punto más, llegando a 4.04%, en noviembre lo hizo hasta 4.17% y en diciembre acaba de trepar al considerable nivel señalado líneas arriba.
Y eso no está nada bien, teniendo en cuenta los nocivos efectos del fenómeno en múltiples aspectos, por ejemplo en los salarios reales, en la competitividad cambiaria y del comercio exterior, en las tasas reales de interés y el vital ahorro, en los costos y la planeación empresariales, en la recaudación real del Estado, etc.
Sin duda, el problema se debe en gran parte al fortalecimiento del dólar en el mundo, evento exógeno (fuera de nuestro control) propiciado por el endurecimiento de la política monetaria de Estados Unidos, y que eleva el costo en soles de los numerosos bienes que nuestro sector productivo y nuestros consumidores requieren importar.
Pero no por ello se le puede soslayar, teniendo en cuenta que podrían aparecer peligrosas expectativas de mayores incrementos, sobre todo ante la inminencia del Fenómeno El Niño, capaz de afectar la oferta de productos tan importantes como los alimentos.
El Banco Central de Reserva ya ha puesto en ejecución diversas medidas para contrarrestar la situación, la más importante de las cuales es el alza de su tasa de referencia (que pasó de 3.25% en enero a 3.75% en diciembre), con la finalidad de encarecer el crédito y restar algo de impulso a la demanda, en un contexto en que la inversión, tanto la privada como la pública, se ha frenado.
Pero también es imperativo que el gobierno mantenga, en los siete meses de gestión que le restan, la indispensable disciplina fiscal que garantice la estabilidad macroeconómica, y con ello la atenuación del problema.
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