En nuestro país, uno de los problemas que más atentan contra la eficiencia y competitividad de la economía es la larga y engorrosa lista de requerimientos establecidos para efectuar diligencias ante las diversas instancias de la administración pública.Ya sea que se trate del simple pedido de un certificado u otro trámite menor, los sufridos solicitantes se ven abrumados por requerimientos excesivos e innecesarios, que retardan los procesos y, por demandar en muchos casos el pago de dinero, los encarecen.
Si bien los diversos gobiernos han dictado medidas tendentes a aliviar el problema, éste persiste, por cuanto la burocracia siempre encuentra la forma de complicar las situaciones y de añadir pasos allí donde el sentido común recomienda reducirlos.
En su afán de enfrentarlo, el gobierno acaba de sacar a la luz hace cuatro días el Decreto Legislativo 1246, que establece importantes medidas de simplificación administrativa, eliminando diversos trámites que no se justificaban y sólo complicaban las gestiones.
Por ejemplo, la primera copia certificada de una denuncia policial ya no requerirá un pago por parte del afectado, pues deberá ser entregada gratuitamente. Tampoco se necesitará entregar varias veces la misma información a distintas instancias públicas, pues éstas deberán recurrir a la disponible en sus registros interconectados. Asimismo, tener vencido el DNI ya no impedirá recibir atención para efecto de trámites (al margen de la obligación de actualizarlo).
La norma ha sido muy bien recibida por los empresarios, analistas y público en general, pues está claro que permitirá una mejor interacción entre la ciudadanía y las instancias públicas, facilitándole las cosas a las numerosas personas que requieren atención en el tema. Y ojalá sea seguida por otras aún más profundas y drásticas, sobre todo en instancias donde la complejidad de los procedimientos aún sigue propiciando coimas y otras formas de corrupción.
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