Para luchar contra la corrupción, fortalecer la institucionalidad y mejorar la forma de hacer política en nuestro país, el gobierno ha impulsado desde el año pasado varias importantes reformas.
Cuatro de ellas fueron aprobadas por la población en el referendum de diciembre del año pasado, quedando plasmadas en la Constitución.
Otras doce, referidas al tema electoral, fueron presentadas en abril de este año. El Congreso, emplazado en junio por una cuestión de confianza del Ejecutivo, ya aprobó a inicios de este mes las seis priorizadas por este.
Dado que cuatro de ellas sólo implicaban cambios legales, hace cuatro días fueron promulgadas como leyes por el presidente Vizcarra. Aunque varias no han sido aprobadas exactamente como se solicitaba, recogen en gran medida la esencia de lo propuesto, por lo que no dejan de constituir un notorio avance sobre la situación previa.
Estas reformas, ahora nuevas leyes, tienen que ver con los temas de:
1. Democracia interna de los partidos políticos (Ley 30998, que modifica la Ley de Organizaciones Políticas). Para que los candidatos sean elegidos en elecciones internas, abiertas (con participación de la ciudadanía), simultáneas, obligatorias y con supervisión de los organismos electorales oficiales.
2. Eliminación del voto preferencial y paridad y alternancia (Ley 30996, que modifica la Ley Orgánica de Elecciones). Con posterioridad a las elecciones del año 2021, se eliminará el voto preferencial, para que la ciudadanía vote por agrupaciones e ideales políticos, y no por el candidato que hace más publicidad (en muchos casos con dinero de dudosa procedencia). Y la paridad y la alternancia buscan que la participación política de las mujeres se lleve a cabo en igualdad de condiciones con los hombres.
3. Inscripción y cancelación de organizaciones políticas (Ley 30995, que modifica la legislación electoral). Para tener partidos que cumplan la función de representar a la ciudadanía y canalizar sus demandas: Con ello se busca que se mantengan vigentes y auténticos, eliminando la inscripción de los que no participen en los procesos electorales y se limiten a actuar como vientres de alquiler a cambio de dinero.
4. Financiamiento transparente y rendición de cuentas de las organizaciones políticas (Ley 30997, que modifica el Código Penal). Para evitar el ingreso de dinero sucio a la política, y el surgimiento de partidos sin ideales ni identidad, y personajes sin principios ni valores, cuyo interés no es servir al país, sino satisfacer mezquinas ambiciones (en procura de las cuales no dudan en aceptar sobornos e incurrir en robos y otras prácticas que afectan gravemente las arcas públicas).
Aún quedan pendientes dos reformas: las que plantean que ya no puedan candidatear al Congreso quienes tengan sentencias por delitos dolosos y que ya no existan congresistas protegidos indebidamente por la figura de la inmunidad. A diferencia de las cuatro mencionadas, estas implican cambios constitucionales, por lo que para ser aprobadas requerirán una segunda votación favorable en el congreso.
Ojalá así ocurra, y que también reciban el visto bueno las seis que quedaron pendientes en abril. De esa manera nuestro país ingresaría al nuevo año con un marco legal y constitucional claramente mejorado, que le permitiría lograr los fundamentales objetivos mencionados en el primer párrafo de este artículo.
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