Según el organismo "el Perú califica en virtud de sus sólidos fundamentos económicos y marcos de políticas institucionales, un historial de implementación de políticas muy sólidas y el compromiso de mantenerlas."
Al igual que con el acuerdo anterior, que fue por US$ 11 mil millones y se firmó cuando se estaba comenzando a ejecutar el plan para enfrentar la pandemia, el Perú tiene la intención de mantener este como precautorio, para emplearlo solo si se hace absolutamente necesario.
Para el FMI, "la menor solicitud de línea de crédito refleja las mejores posiciones económicas y de reserva externa peruanas frente a las de entonces, y demuestra lo exitosa que ha sido la estrategia de sus autoridades de salir gradualmente de la línea."
Una muestra de ello es la drástica reducción del déficit fiscal, que llegó a bordear el 10% del PBI y hoy prácticamente ya ha regresado a su nivel prepandemia, uno claramente moderado y manejable.
Es la consecuencia de estar manteniendo, de la mano de quienes lideran el MEF y el BCR, las reglas básicas de la sensatez. Y los resultados podrían ser mucho mejores si Castillo y sus ministros y socios políticos no plantearan casi regularmente necedades como cambiar la Constitución y el modelo económico, estatizar empresas, ponerle trabas a actividades fundamentales como la minería o atentar contra las AFP. Sin esa absurda conducta el Perú no habría sufrido el deterioro de su calificación crediticia, estaría captando mucha más inversión privada, creciendo mucho más (y con ello generando más empleo, reduciendo la pobreza y ampliando la clase media) y (gracias al boom exportador) fortaleciendo su moneda a un nivel mejor que el existente antes de la pandemia.
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