En el afán de que nuestra economía tenga este año el rebote más alto posible, para que recupere cuanto antes la mayor parte de lo perdido en el infame 2020, el Estado viene haciendo su mejor esfuerzo.
Así lo demuestra el dato de inversión pública, que para el cuatrimestre enero-abril ha registrado su nivel más elevado de los últimos veinte años, 40% superior al del 2014, anterior año record.
Ese impulso reactivador ha provenido de todos los niveles de gobierno, que vienen mejorando consistentemente su porcentaje de ejecución. Así se comprueba al observar que la inversión total del mes de abril alcanzó el 74% de la meta prevista, la del gobierno nacional el 82%, la de los gobiernos regionales el 68% y la de los gobiernos locales el 68%.
Así las cosas, en los cuatro meses se ha invertido los porcentajes señalados en el gráfico siguiente. La ejecución de todo el sector público asciende al 19% de lo previsto para el año, la del gobierno nacional también al 19%, la de los gobiernos regionales al 17% y la de los gobiernos locales al 21%. De mantenerse la tendencia se cerrará el año con una ejecución muy cercana a la meta planteada, permitiendo que las obras y demás destinos del recurso cumplan su función de beneficiar a la población (y también de reactivar la economía).
Paralelamente, la importantísima inversión privada, la más cuantiosa de las dos, continúa en alza. Tal cosa, junto con la recuperación del consumo y de las exportaciones (que se hallan en auge), harían posible que el PBI de este año alcance la tasa de crecimiento prevista por el MEF, de 10%, una de las más altas de América Latina, y que permitirá a nuestro país cerrar el año superando casi por completo lo acontecido en el terrible año de la pandemia. Salvo que cometa el imperdonable error de elegir en junio a quienes pretenden destruir el modelo que está viabilizando esta rápida normalización.
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