Una Cuestión de Confianza ante la Intransigencia

Una vez más, al gobierno del presidente Vizcarra no le ha quedado otra alternativa que enfrentar decididamente a la mayoría opositora del Congreso, que no deja de poner obstáculos a la gobernabilidad del país.


Esta vez lo ha tenido que hacer debido a la intransigente actitud de esta en los fundamentales temas del sistema político y de justicia.

En efecto, en las últimas semanas esa mayoría ha venido obstruyendo las necesarias reformas planteadas por el Ejecutivo, que fueron propuestas a este por una comisión de alto nivel integrada por profesionales de gran prestigio e intachable trayectoria democrática.

Dichas reformas, plasmadas en cinco proyectos de ley, buscan evitar que se siga abusando de la inmunidad parlamentaria al punto de convertirla en impunidad, que las personas condenadas puedan candidatear en procesos electorales y que el dinero de la corrupción se inmiscuya en la política. También buscan eliminar el voto preferencial permitiendo que la ciudadanía participe en la selección de candidatos de las agrupaciones mediante elecciones primarias internas, y que la mujer incremente su participación política, alcanzando paridad con el hombre.

Lamentablemente, el Congreso viene dilatando la aprobación de las reformas, con la clara intención de que no puedan ser aplicadas en el proceso electoral del año 2021, o desvirtuándolas gravemente.

La rúbrica de ese necio comportamiento ha sido su reciente blindaje al ex fiscal de la nación, archivando las denuncias constitucionales que a todas luces se justificaban en su contra por reiteradas inconductas, y permitiéndole con ello continuar bloqueando las investigaciones que viene efectuando la fiscalía en el afán de desmontar la red de corrupción enquistada en el sistema de justicia.

Por eso, el gobierno, con el respaldo de la gran mayoría de presidentes regionales y de la población, ha planteado una cuestión de confianza, emplazando a ese intransigente bloque parlamentario a ponerse del lado correcto, o a exponerse a que se gatille la facultad que la Constitución le confiere al presidente, de disolver el Congreso y convocar a una nueva elección para elegir al que lo reemplace.